Noticias de interes en derecho laboral y seguridad social

En esta sentencia se le reconoce a una mujer trans el derecho al reconocimiento y pago de su pensión de vejez aplicando los requisitos previstos en la ley para que una mujer pueda acceder a esa prestación, lo anterior, con base en el principio de dignidad humana que no distingue de genero ni va direccionada a una perspectiva anatómica y biológica, sino que atiende al ser humano en su real dimensión, de igual forma, teniendo en cuenta derechos que no pueden ser vulnerados como el de identidad sexual, igualdad, seguridad social y la garantía de no discriminación.

Este proyecto de ley cuyo origen es de la Cámara de Representantes pretende convertirse en ley ordinaria, donde permitirá el retiro parcial de los aportes a pensión para aquellas personas que se encuentren afiliadas al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, como una solución a la situación económica que ha causado la pandemia derivada del Covid-19.

Este artículo incorpora en su contenido temas de vital importancia para el derecho laboral, ya que abarca un análisis muy completo e interesante acerca de la evolución histórica del trabajo, su génesis como derecho laboral, su articulación con el empleo informal, las características del trabajo en el siglo XX, su limitación para regular las nuevas formas flexibles del trabajo generadas por la globalización económica y el rol de la O.I.T para ajustar la regulación a las dinámicas de producción del siglo XXI. Escrito por: El Doctor Omar Ernesto Castro Guiza. Director del Semillero de Investigación Trabajo y Progreso.

La convención sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil es la primera en 100 años de historia de la OIT en ratificarse por todos los 187 miembros, es decir, se adoptó de forma universal; sin embargo, cabe resaltar que, aunque “todos los niños del mundo se beneficiaran de la protección legal”, la lucha contra este tipo de explotación aún sigue siendo permanente.

Por el cual se adiciona el Capítulo 14 al Título 13 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1833 de 2016, a efectos de reglamentar el Piso de Protección Social para personas que devengan menos de un Salario Mínimo Legal Mensual Vigente

La pandemia afecta de manera desproporcionada a las mujeres trabajadoras. Los gobiernos deben priorizar las políticas que compensen los efectos que la COVID-19 está teniendo en sus empleos. Por Valeria Esquivel, Funcionaria principal de Políticas de Empleo y Género del Servicio de Empleo, Mercados de Trabajo y Jóvenes

En este reciente informe de WIEGO se pone de manifiesto como la irrupción por cuenta del Covid-19 en el mundo del trabajo significo una consideración representativa respecto de un sector del empleo que se caracterizaba por un anomía legislativa en cuanto a la protección de los trabajadores informales, convergiendo en la contemplación de su regulación y protección a través de instrumentos normativos usados por los gobiernos de los países para mitigar los efectos del Covid-19.

Este informe de la OIT arroja las reflexiones surgidas a raíz del estudio realizado a 12.000 jóvenes en alrededor de 112 países sobre empleo decente, revelando que el impacto de la pandemia en los jóvenes es sistemático, profundo y desproporcionado y no se restringe necesariamente a los sectores que tradicionalmente se estudian, sino también a este incipiente sector de la población productiva que afronta grandes retos, socavando todas sus expectativas y experiencias laborales tanto así como su bienestar mental.

Durante un período de cuatro semanas, del 21 de abril al 21 de mayo de 2020, la OIT y sus asociados de la Iniciativa mundial sobre empleo decente para los jóvenes realizaron una encuesta mundial sobre la juventud y la COVID-19, que hizo hincapié en los efectos de la pandemia en los jóvenes con respecto a cuatro esferas, a saber, empleo, educación y formación, bienestar mental, y derechos y participación. La encuesta proporciona información muy útil sobre la incidencia de la pandemia en la vida de los jóvenes.

El Congreso de la República a través de la Ley 2043 del año 2020 establece un instrumento para que las personas que requieren prácticas para culminar una carrera profesional puedan obtener una certificación que cuente como experiencia laboral y así lograr una fácil acceso al ámbito laboral. Así el estudiante de Derecho que pretende realizar su judicatura para adquirir su título profesional terminará con una experiencia laboral de 6 meses o 1 año según sea el caso.

En nuevo informe de la OIT se determina la importancia de los derechos y principios fundamentales en el trabajo para la recuperación de la crisis del COVID-19 y ayudar a construir un mundo del trabajo mejor y más equitativo. https://www.youtube.com/watch?v=V1bACqPDpRA.

Corte Constitucional concede el amparo definitivo de los derechos fundamentales al trabajo, mínimo vital y a la estabilidad reforzada de una mujer por ser madre cabeza de familia y establece los presupuestos para declarar la existencia de un contrato realidad.

Corte Constitucional concede amparo transitorio de los derechos fundamentales al mínimo vital y a la seguridad social del accionante a efectos de reconocerle la pensión de invalidez mientras el juez ordinario laboral decide sobre la demanda laboral presentada por él contra Colpensiones.

La desigualdad de género en el mundo del trabajo es evidente, por lo cual, la mujer tiende a tener menos posibilidades de llegar a niveles más altos en la cadena de valor de las actividades y obtener mejores garantías, por esta razón, la OIT establece cinco pasos para ayudar a las mujeres a superar la brecha de género en la iniciativa empresarial.

Corte Constitucional concede el amparo de los derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital y a la vida digna de un joven que a la edad de 25 años le fue declarada pérdida de capacidad laboral de origen común del 96, 58% , por lo cual, ordena que se le reconozca y pague la pensión de invalidez y previene a Porvenir S.A. para que, en lo sucesivo, acate las reglas establecidas en la jurisprudencia frente a casos como el presente y no vuelva a desconocer las garantías fundamentales de personas que se encuentran en situación de discapacidad y son menores de 26 años.

La Corte Constitucional declaró inconstitucional esta disposición que dejaba en manos del empleador la posibilidad de especificar en el reglamento de trabajo las labores que no podían realizar las mujeres, con fundamento en el preámbulo y los artículos 1º (dignidad humana); 13 (igualdad y no discriminación) y 43 (igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y exclusión de tratos discriminatorios contra las mujeres) de la Carta Política de 1991.

En consecuencia de la pandemia del Covid 19 la economía de la industria automotriz ha sufrido grandes afectaciones, lo cual incluye también a sus trabajadores y por esta razón, la OIT promueve a los gobiernos, trabajadores y empleadores la transición justa hacia el trabajo decente y sostenible.

La Corte Constitucional declara exequible de forma condicionada el artículo 37A de la Ley 712 de 2001, en el entendido según el cual en la jurisdicción ordinaria laboral pueden invocarse las medidas cautelares innominadas, previstas en el literal “c” del numeral 1° del artículo 590 del CGP.

La Sentencia T-476-14 de la corte constitucional nos habla acerca de la problemática que enfrenta diariamente la comunidad transgenerista para acceder al mercado laboral ante la exigencia de un requisito legal propio de los hombres ya que con esto se estaría viendo vulnerado el derecho al trabajo, libre desarrollo de la personalidad ,mínimo vital, es por esto que este fallo constituye un mecanismo para la protección efectiva de las garantías de toda la comunidad transgenerista,la cual requiere medidas especiales de protección frente a la exclusión social derivada de la imposibilidad de vincularse a actividades formales de trabajo.

La sociedad es Dinámica y esto conlleva a hacer nuevos ajustes según las necesidades de la población este tema sin duda posibilita a las personas en el cambio de sexo en el documento de identidad, por lo tanto esto genera diversos cambios al momento de jubilarse la persona, ya que si tenemos en cuenta el hombre se pensiona a los 62 y la mujer a los 57 y estos cambios generan múltiples interpretaciones a la hora de pensionar a una persona.

La estabilidad laboral reforzada es un mecanismo que se ha implementado bajo el objetivo de ofrecer protección laboral a aquellas personas que tienen una condición especial, la cual puede generar tendencia a la vulnerabilización de los derechos de ellas en sus espacios de trabajo, sin embargo esta no protege exclusivamente a quienes presentan una pérdida de capacidad laboral calificada, sino también a aquellas personas que tienen una afectación en su salud que les impide o dificulta el desempeño de sus labores y que, por este hecho, pueden ser objeto de tratos discriminatorios. Para poder acceder a esta garantía deben cumplirse tres condiciones: (i) Que la condición de salud del trabajador le impida o dificulte el desempeño de sus funciones (ii) Que dicha circunstancia sea conocida por el empleador con anterioridad al despido (iii) Que no exista una causal objetiva que fundamente la desvinculación. Sentencia T-020 de 2021 Magistrada Sustanciadora: GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO.

La Corte Constitucional falla a favor de una mujer que fue desvinculada sin garantía laboral alguna cuando tenía 8 meses de embarazo porque para el propietario del estudio webcam su relación no era laboral sino comercial. La anterior decisión, tuvo como argumento que aunque la única norma que hace referencia a esta actividad para efectos tributarios es la Ley 2010 de 2019, quienes hacen parte de estas empresas no están por fuera de la Constitución ni la ley, por lo que no puede ser un escenario para abusos y violación de derechos, como sucedió en este caso, pues la realidad es que muchas mujeres que ingresan a esta industria lo hacen por situaciones de pobreza y ausencia de oportunidades, de modo que basándose en las leyes laborales actuales del estatuto del trabajo y las reglas sobre fuero de maternidad, y aplicando un enfoque de género al estudio del caso, la Corte decidió resarcir los derechos laborales de la mujer que interpuso la demanda, ordenó investigar al propietario del estudio frente a la situación de las otras mujeres que laboran allí, y exhortó al Congreso y al Ministerio del Trabajo para que regulen los derechos de quienes se dedican a esta actividad.

Corte constitucional protege los derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social y a la vida en condiciones dignas de una mujer indígena de 70 años a la que hombres armados asesinaron a su esposo e hijos, de los cuales uno era docente, dado que la Secretaría de Educación Departamental del Vaupés resolvió negarle el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), por el no cumplimiento de los requisitos exigidos por el Decreto 196 de 1995 –régimen pensional del magisterio– para el reconocimiento de la prestación económica; por tanto, la corte establece que en atención a la doctrina pacífica de la Corte, que es compartida por el Consejo de Estado, la Sala de Revisión está llamada a aplicar el régimen más favorable para la actora, esto es, las reglas contenidas en la Ley 100 de 1993, pues, aun cuando el establecimiento de regímenes pensionales especiales es una facultad constitucionalmente admisible, las distinciones establecidas en esta materia deben garantizar un nivel de protección igual o superior al régimen general, por tal motivo, al cumplir con los requisitos consagrados en la ley 100 de 1993 se ordena el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en beneficio de la mujer indígena.

Mediante el Decreto 526 de 2021, de 19 de mayo (que adiciona unos artículos al Decreto 1072 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto único Reglamentario del Sector Trabajo), se reglamenta la firma electrónica del contrato de trabajo. Esta norma reglamentaria tiene como finalidad brindar seguridad jurídica a las partes de las relaciones de trabajo, así como ofrecer una herramienta que contribuya a dar celeridad al proceso de contratación del personal eliminando el uso de papel. Esta reglamentación es muy pertinente, pues el avance de la tecnología ha permitido sustituir la firma manuscrita por las electrónicas con igual efecto jurídico

Para los beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, el IBL de la pensión especial de vejez por hijos inválidos debe calcularse conforme lo establece el artículo 21 y el monto de acuerdo al artículo 20 del Acuerdo 049 de 1990 reglamentado por el decreto 758 del mismo año.